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jueves, 30 de abril de 2009

Aprobado proyecto de turismo rural comunitario

      · Ley otorga incentivos como la exoneración de tributos y sobretasas a equipos, vehículos y tecnologías alternativas.

    · Declara de interés público a esta actividad.

Las comunidades rurales ya cuentan con el apoyo de una ley que incentiva el turismo. La Asamblea Legislativa aprobó el martes en segundo debate la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario (expediente 16.879) que contribuirá a crear nuevas fuentes de empleo.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Olivier Pérez González, impulso la iniciativa desde el inicio de su gestión ante la necesidad que tenía el país de contar con una legislación de este tipo. Para el diputado Pérez es fundamental que Costa Rica “desarrolle el turismo integrado a la actividad agropecuaria, pero con responsabilidad y respeto al ambiente”.

La nueva legislación extiende los beneficios existentes de la Ley de Incentivo Turístico a las empresas de turismo rural comunitario organizadas bajo la figura de asociaciones y cooperativas de autogestión establecidas en zonas turísticas. Adicional a este beneficio, la ley otorga incentivos por una única vez, como la exoneración de tributos y sobretasas a la compra de motores fuera de borda, vehículos de doble tracción o microbuses. También otorga beneficios para la adquisición de tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales.

Para alcanzar los objetivos, la Ley declara de interés público el turismo rural comunitario y le asigna competencias al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a las municipalidades y al SINART, para brindar todo el apoyo estatal necesario al sector. Además, declara de alta prioridad a la actividad turística rural y señala las obligaciones de los beneficiarios de los incentivos, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de esas obligaciones.

“Con la aprobación de este proyecto de ley se dignifica y se apoya este sector de turismo rural comunitario, reconociéndoles así su meritoria tarea de mantener limpia y actual la cara que damos al mundo a través del turismo que nos visita. Estamos rescatando lo nuestro, nuestra identidad costarricense”, dijo el diputado Pérez.

Para hacer realidad la Ley, el despacho de Pérez González trabajó con la colaboración del sector de turismo rural, representado por la Asociación Centroamericana para la Salud, la Economía, y el Ambiente (ACEPESA); la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR) y el Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (Cooprena R.L.). El trabajo conjunto se concretó en un borrador de proyecto que fue compartido con los diputados que integran la Comisión de Turismo. Después, el proyecto fue presentado a la secretaría del Congreso.

La Comisión de Turismo recibió a representantes de los sectores implicados en el tema y efectuó consultas y debates para afinar los detalles del texto. Una subcomisión redactó un documento final que fue consensuado y aprobado en forma unánime, así como el dictamen que se remitió al Plenario y que el día de ayer se aprobó en segundo debate con votación unánime. El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y publicación.

En la discusión del proyecto en el Plenario, los legisladores de todas las fracciones alabaron el proyecto. Para la diputada del PAC, Leda Zamora: “hay que fortalecer la posibilidad de mantener la propiedad en manos de nacionales y así avanzar contra la odiosa concentración de riqueza.”

Ronald Solís Bolaños, del PAC, expresó: “Hoy parece que estamos rectificando, que le estamos dando oportunidad a la pequeña y mediana empresa, y rural, y comunitaria.”

OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. FRACCION PARTIDO ACCION CIUDADANA.
comunicaciones-pac@asamblea.go.cr Teléfono: 88 46 20 92 / 22 43 20 12 www.pac.or.cr

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana

Jueves 30 de abril del 2009
Comunicado de Prensa

PAC cuestiona legalidad del cargo de ministra de Comunicación


    · Alega que nombramiento subordinó a diputada ante el Poder Ejecutivo

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Olivier Pérez González, consultó hoy al Tribunal Supremo de Elecciones si el nombramiento de la diputada liberacionista Mayi Antillón como ministra de Comunicación viola la Constitución Política, al haber sido llamada a trabajar en una cartera que no existe en la ley, y por subordinar ante el Poder Ejecutivo a una integrante del Poder Legislativo.

Antillón, legisladora por la provincia de San José, se separó temporalmente de su cargo en la Asamblea Legislativa el pasado 13 de enero para asumir el cargo sin cartera de ministra de Comunicación y Enlace, asignada al ministerio de la Presidencia, ante una solicitud del presidente Oscar Arias.

El diputado Pérez González alega que el artículo 111 de la Constitución Política ordena que “ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones”.

Sin embargo, Pérez González argumenta que el Ministerio de Comunicación y Enlace no existe jurídicamente y que paracrearlo es necesario hacerlo con una Ley. El legislador enfatizó que no es potestad del Poder Ejecutivo crear, suprimir o modificar ministerios. Por esa razón sostiene que la prohibición del artículo 111 alcanza a Antillón.

Además de la inexistencia de tal Ministerio, el diputado cuestiona que Antillón haya sido nombrada “ministra sin cartera asignada a la Presidencia de la República”, como lo estableció el acuerdo de nombramiento, lo que implica una relación de subordinación de una integrante del primer poder de la República al Poder Ejecutivo, en una clara violación del principio democrático de la separación de poderes.

“Una diputada puede ejercer el cargo de ministra, pero a ella se le nombró como ministra sin cartera y de acuerdo con la Ley eso significa que no es ministra. Y aún más, es una ministra sin cartera asignada a la Presidencia de la República.. Ella es una subordinada sometida a lo que diga el Presidente y el ministro de la Presidencia. Esto violenta flagrantemente el principio de división de poderes y afecta los pesos y contrapesos que deben existir entre ellos".

Para Olivier Pérez, un diputado solo puede estar subordinado al pueblo “y si se lo llevan como ministro es un colaborador, pero el presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo confunden coordinación y colaboración con subordinación; con subordinación a ojos cerrados, donde no hay la más mínima crítica”.

En la consulta, presentada esta mañana ante la secretaría del TSE, el legislador solicita “estudiar la situación y determinar si en este caso se está violando lo dispuesto por la Constitución Política, causándose así un grave daño a la institucionalidad democrática de nuestro país, y en caso de llegarse a tal conclusión se ordene a los responsables cumplir con el Juramento Constitucional”.

OFICINA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA. FRACCION PARTIDO ACCION CIUDADANA.
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